El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, en el marco de una visita institucional a la ciudad de Córdoba, recorrió, acompañado por los Fiscales Generales Adjuntos de la provincia de Córdoba, Dr. José Gómez Demmel y Dr. Héctor David, y por el Vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, Dr. Domingo Sesín, las instalaciones de la fuerza policial antinarcotráfico de la provincia de Córdoba dependiente del Ministerio Público Fiscal, en cuyo marco intercambiaron metodologías y proyectos en la materia en el ámbito de su competencia.

A continuación, el Dr. Conte-Grand dictó una conferencia en un evento de formación continua organizado por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Nuñez, que tuvo lugar en el Palacio de Tribunales I de la ciudad de Córdoba y contó con la presencia, junto al Dr. Gomez Demmel y al Dr. Sesín, de quien fuera Fiscal General de la provincia de Córdoba, Dr. Alejandro Moyano, y del presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, Dr. Ignacio Segura, entre otros magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

La conferencia del Procurador General tuvo por objeto la presentación del "Plan estratégico de Política Criminal del Ministerio Público y su necesaria articulación a un modelo federal". En dicho marco, el Dr. Conte-Grand presentó primero los principales lineamientos del plan estratégico de Política Criminal del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires -propuestos en el marco de la exposición de los lineamientos de gestión en marzo de 2017 y luego ratificados en diciembre del mismo año-, destacando particularmente el principio de unidad en la diversidad, que se manifiesta a través de presupuestos institucionales y factores de cohesión de raigambre constitucional comunes a las tres áreas de gestión del organismo.

Luego presentó los objetivos prioritarios de política criminal y algunos proyectos estructurales que se encuentran en curso de ejecución. Sobre esta base, desarrolló la propuesta de definición de un modelo de política general que, con la metodología propiciada, atienda a las diferencias a los fines de construir una política criminal federal, apalancada en los puntos comunes y respetando las autonomías provinciales y particularidades regionales.