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Por ley 15005 (reformada por ley 15023) se creó la Policía Judicial, cumpliendo así el mandato del art. 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

La Policía Judicial depende funcional y orgánicamente del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de una institución civil técnico-científica, organizada jerárquicamente, que asiste al agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en determinados procesos penales, que establezca por disposiciones generales el Procurador General. A su vez, los Fiscales Generales Departamentales, en base a criterios de eficiencia y uso racional de recursos, podrán disponer la intervención de la Policía Judicial asignada a su jurisdicción, debiéndose priorizar aquellos casos complejos, de repercusión pública y/o en los que se investigue a miembros de las fuerzas de seguridad.

Al frente de la Policía Judicial habrá un Director quien será designado (y eventualmente removido) por la Suprema Corte de Justicia Bonaerense a propuesta del Procurador General. El Director estará secundado por dos Subdirectores quienes presidirán las dos áreas establecidas en la ley 15005, estas son la Subdirección Técnico – Científica y la Subdirección de Investigaciones.

La primera de ella nuclea toda la actividad pericial y la segunda a los detectives encargados de llevar adelante las investigaciones o tareas de investigativas que le encomienden los fiscales.

Debido a la extensión de la provincia, la ley prevé que el cuerpo de investigadores funcione descentralizadamente divido en regiones, al mando de Coordinadores, quienes son los encargados de dirigir y coordinar localmente a los peritos e investigadores en su distrito.

Para comenzar con la implementación, mediante Resolución nº 464/18 el Sr. Procurador General ha encomendado a la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, la elaboración de un plan integral y progresivo de puesta en funcionamiento de la Policía Judicial.

De tal suerte en la primera etapa todo el personal de los laboratorios del Ministerio Público y aquellos integrantes del Departamento de Policía Judicial (Resolución 868/00) pasarán a formar parte de manera provisoria de la nueva Policía Judicial, la cual también estará momentáneamente presidida por el Dr. Esteban Pascual Lombardo, Secretario actualmente a cargo del Departamento de Policía Judicial. Asimismo y hasta tanto se termine con la implementación dispuesta, el Departamento de Policía Judicial seguirá cumpliendo con las tareas que le son propias y colaborando con las investigaciones que le sean encargadas.

Por su parte, la función de Coordinador regional será asumida en este estadío por los Fiscales Generales donde tengan asiento los Institutos Forenses del Ministerio Público, debiendo articular tal función con el Director interino de Policía Judicial.

Asimismo, la Secretaría de Política Criminal se encargará de redactar un reglamento para los laboratorios forenses y un reglamento administrativo, escalafonario y disciplinario que regirá la actividad de la Policía Judicial. Paralelamente, será la encargada de seleccionar con criterio objetivo, a los Detectives, de entre los funcionarios y empleados del Ministerio Público, a partir de un plan de capacitación que deberá diseñar y poner en práctica para los aspirantes a la Policía Judicial.






Autoridades y Conformación


Secretario: Dr. Esteban Pascual Lombardo
Prosecretaria: Dra. Verónica Andrea Soria

Además, se encuentra integrado por:

Cuerpo de Instructores Judiciales: Brinda cooperación en las investigaciones de criminalidad compleja, contribuyendo con los Agentes Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, en la corroboración de la materialidad ilícita y/o la individualización de los autores (Art. 266 del C.P.P.B.A.)

Unidad de Investigación de Delitos Económicos (U.I.D.E.): Los funcionarios que la componen son designados para intervenir en aquellas I.P.P. en las cuales resulta relevante que el investigador posea capacitaciones y/o especializaciones en criminalidad económica. En los casos que se requiere el análisis profesional y específico de una determinada competencia, para que realicen tareas de asesoramiento e informes técnicos de acuerdo a su incumbencia profesional, se cuenta con:

- Contadores Públicos
- Psicólogos
- Informáticos
- Dirección de Asesoramiento y Apoyo Médico Forense a la Investigación Criminal (Resolución P.G. 780/13).