El Fiscal de Casación, Dr. Carlos Altuve, presentó hoy un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia Provincial, en el que solicitó se revoque la resolución del Tribunal de Casación que dispuso la libertad de altos funcionarios policiales en la causa iniciada por asociación ilícita y otros delitos a partir del hallazgo de sobres con dinero en la Jefatura Departamental La Plata.

Días atrás, la Sala de Feria del Tribunal de Casación dispuso la libertad de Raul A. Frare, Sebastian R. Velazquez, Julio S. Saenz, Ariel René Huck, Dario Camerini, Sebastian Cuenca, Rodolfo D. Carballo y Walter E. Skramowskyj , por entender que su detención resultaba ilegítima. A juicio de la Sala de feria, no correspondía ejecutar la detención hasta que la eximición de prisión, si bien fue rechazada por el Juzgado de Garantías y luego por la Cámara de Apelaciones, fuera tratada por el Tribunal de Casación y, eventualmente, la Suprema Corte Provincial y la Corte Suprema Nacional.

En el recurso presentado hoy contra esa resolución, el Dr. Altuve solicitó la intervención urgente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, por entender que la interpretación y aplicación del Código Procesal penal que realizó el Tribunal de Casación es absurda y arbitraria, y se configura un supuesto de gravedad institucional. El Fiscal argumentó que diversas investigaciones en curso podrían verse afectadas, debido a que el criterio del tribunal de Casación imposibilita en la práctica la detención de personas investigadas por delitos graves, supeditándolas a la finalización del trámite recursivo de la eximición de prisión, lo que podría demorar años.

El recurso presentado hoy, reitera varios de los argumentos expuestos por el citado Fiscal días atrás en la causa seguida a Mariano Bruera, Enrique Sette y otros funcionarios municipales en un recurso extraordinario ante la Suprema Corte, por circunstancias similares, en el que la Sala de Feria dictó sentencia en igual sentido a la causa por los sobres de la Jefatura Departamental.

En opinión del Dr. Altuve: "La interpretación y aplicación de las normas debe ser justa y razonable; y no puede vulnerar principios constitucionales ni la potestad estatal de investigar delitos.. De lo contrario, se corre el riesgo de afectar severamente la correcta administración de justicia y la credibilidad que las instituciones merecen. Por eso, hemos pedido la urgente intervención de la Suprema Corte de Justicia en este tema de trascendencia jurídica y social".