Introducción


La Violencia Familiar y de Género constituye una violación a los derechos humanos, impidiendo la construcción de relaciones democráticas en el interior de las familias y la sociedad, resultando un obstáculo para el desarrollo integral de las personas y el establecimiento de vínculos regidos por la justicia social y la equidad.

Quienes resultan afectados por este flagelo, tienen derecho a una vida libre de violencia, a exigir el respeto a la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial; como así también a acceder a medidas integrales de asistencia, protección, seguridad, a recibir información y asesoramiento adecuado, entre otros.

Para las víctimas de violencia, en la ruta crítica que inician a partir de la decisión de denunciar la situación que atraviesan, las respuestas institucionales resultan un factor importante de protección y fortalecimiento.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental, que a su vez permite el ejercicio de otros derechos como al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, etc.

Los compromisos asumidos por el Estado -que marcan los estándares de derechos humanos en materia de protección frente a la violencia- y el diseño legal tanto nacional como provincial que estructuran el sistema integrado de protección contra la violencia familiar y de género, obliga a los distintos operadores a la corresponsabilidad en el marco de sus respectivas competencias, y, a adoptar una escucha atenta y profesional del relato de la víctima, que permita aprehender y comprender la situación para su correcto tratamiento o la derivación precisa que corresponda.

Para ello es necesario un abordaje transversal y con perspectiva de género a la hora de visualizar, examinar y dar respuesta efectiva a la problemática, llevando las normas a las prácticas cotidianas.

El esquema legal no admite compartimentos estancos, ni operadores centrados en sus propios saberes o competencias. La víctima siempre precisa respuestas, es más, tiene derecho a ellas.

Un aspecto trascendente en términos de eficacia institucional, es el tener siempre presente que la violencia no permite actividades dilatorias, ni respuestas erráticas; ya que muchas veces, constituyen la distancia entre una conducta moralmente reprochable y un delito de consecuencias irreparables.

La política institucional de esta Procuración General, ante esta problemática, se basa en la remoción de los obstáculos hacia el pleno acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar y de género que permitan una intervención judicial inmediata y efectiva frente a los hechos denunciados.

De tal modo este sitio, puntualmente referido a los temas de violencia familiar y de género, busca brindar herramientas que se conviertan en un aporte para el operador judicial a la hora de abordar la conflictiva, tales como: normativa, jurisprudencia, datos de fiscalías y dependencias del Ministerio Público Fiscal referentes en la materia; centros de asistencia a la victima (CAV); información del registro penal de delitos vinculados o atravesados por la violencia familiar y de género (RPVFyG); guía de recursos de la comunidad (GRC); dependencias policiales del Ministerio de Seguridad provincial y enlaces de interés.

Se pretende agilizar el acceso directo a links y sitios web, optimizando así, los tiempos de búsqueda.







Decreto 1011/10: Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.485

Sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales

Ley 26.485

Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales.

OEA. Segundo informe hemisferico sobre la implementación de la Convención Interamericana

OEA. Segundo informe hemisferico sobre la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) de abril 2012 -OEA- -MESECVI-