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Pilares de la acusación de personas jurídicas en el marco de la ley N.º 27.401

    28/04/2022

Pilares de la acusación de personas jurídicas en el marco de la ley N.º 27.401

    28/04/2022

Pilares de la acusación de personas jurídicas en el marco de la ley N.º 27.401

    28/04/2022

El miércoles 27 de abril se realizó una actividad de capacitación virtual centrada en los pilares de la acusación de personas jurídicas en el marco de la Ley Nº 27.401, organizada conjuntamente por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y el Centro Virtual de Investigación Aplicada en Derecho Penal (CRIMINT). 

La apertura del encuentro estuvo a cargo del  Procurador General,  Dr. Julio Conte-Grand,  quien a manera de introducción a la temática  propuesta,  se refirió  a  los  orígenes de la conformación de los entes  de existencia ideal y a las  razones que han llevado a los sistemas jurídicos a reconocer la existencia de los mismos  como sujetos del derecho privado: "el ser humano es un ser social que tiende a reunirse con otros seres de su misma especie, con objetivos de diferente naturaleza, transformando esa reunión en un vínculo asociativo. Este ente nuevo, producto del vínculo, puede ser pasible de imputación de responsabilidades por sus actos, reconociendo una personalidad funcional con personería jurídica; germen de la imputabilidad de la consecuencia de sus actos.” 

La Ley 27.401, también llamada Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, da el sustento a los pilares de la acusación de las personas jurídicas. Esta Ley Nacional fue sancionada en el año 2017, con el objeto de establecer un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas  vinculadas a la comisión de ciertos delitos económicos contra la administración pública, o que resulten  involucradas en hechos de corrupción.

A continuación expuso el Director de CRIMINT y Doctor en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra (España), Juan Pablo Montiel. Comenzó realizando un análisis profundo de la Ley N.º 27.401 y los aspectos salientes de la misma. El Dr. Montiel resaltó la importancia de la tarea que realizan los fiscales dentro del sistema acusatorio al momento de aplicarla y destacó que el éxito en los resultados de la investigación depende fundamentalmente de su acabado conocimiento.

Cabe mencionar que el CRIMINT es un centro de investigación dedicado a la producción de conocimiento en el área del Derecho Penal y a la capacitación de especialistas en esta disciplina. Entre sus especialidades se encuentran la Investigación Jurídica, el Derecho penal, la Internacionalización y Consultoría académica, entre otros.

La actividad siguió con la intervención del Dr. Juan Manuel García Blanco, Coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos dependiente del Departamento de Policía Judicial de la Procuración General de la SCBA, quien abordó "La incidencia de la Ley Nº 27.401 en el MPBA". Se refirió a la intervención de los operadores judiciales, asegurando que la manera más efectiva de lograr resultados, es a través de la especialización de un equipo de trabajo compuesto por profesionales que puedan abordar la criminalidad económica en sus diferentes áreas de injerencia.

El cierre de la jornada, estuvo a cargo del Secretario de Política Criminal de la Procuración General Dr. Francisco Pont Verges, que destacó la relevancia de lo expuesto, concluyendo que estas actividades permiten a los funcionarios del Ministerio Público acceder a contenidos específicos sobre temáticas novedosas que van incorporándose a la aplicación del Derecho Penal, y que contribuyen a mejorar la efectividad de las investigaciones y eficiencia del sistema de justicia.

El miércoles 27 de abril se realizó una actividad de capacitación virtual centrada en los pilares de la acusación de personas jurídicas en el marco de la Ley Nº 27.401, organizada conjuntamente por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y el Centro Virtual de Investigación Aplicada en Derecho Penal (CRIMINT). 

La apertura del encuentro estuvo a cargo del  Procurador General,  Dr. Julio Conte-Grand,  quien a manera de introducción a la temática  propuesta,  se refirió  a  los  orígenes de la conformación de los entes  de existencia ideal y a las  razones que han llevado a los sistemas jurídicos a reconocer la existencia de los mismos  como sujetos del derecho privado: "el ser humano es un ser social que tiende a reunirse con otros seres de su misma especie, con objetivos de diferente naturaleza, transformando esa reunión en un vínculo asociativo. Este ente nuevo, producto del vínculo, puede ser pasible de imputación de responsabilidades por sus actos, reconociendo una personalidad funcional con personería jurídica; germen de la imputabilidad de la consecuencia de sus actos.” 

La Ley 27.401, también llamada Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, da el sustento a los pilares de la acusación de las personas jurídicas. Esta Ley Nacional fue sancionada en el año 2017, con el objeto de establecer un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas  vinculadas a la comisión de ciertos delitos económicos contra la administración pública, o que resulten  involucradas en hechos de corrupción.

A continuación expuso el Director de CRIMINT y Doctor en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra (España), Juan Pablo Montiel. Comenzó realizando un análisis profundo de la Ley N.º 27.401 y los aspectos salientes de la misma. El Dr. Montiel resaltó la importancia de la tarea que realizan los fiscales dentro del sistema acusatorio al momento de aplicarla y destacó que el éxito en los resultados de la investigación depende fundamentalmente de su acabado conocimiento.

Cabe mencionar que el CRIMINT es un centro de investigación dedicado a la producción de conocimiento en el área del Derecho Penal y a la capacitación de especialistas en esta disciplina. Entre sus especialidades se encuentran la Investigación Jurídica, el Derecho penal, la Internacionalización y Consultoría académica, entre otros.

La actividad siguió con la intervención del Dr. Juan Manuel García Blanco, Coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos dependiente del Departamento de Policía Judicial de la Procuración General de la SCBA, quien abordó "La incidencia de la Ley Nº 27.401 en el MPBA". Se refirió a la intervención de los operadores judiciales, asegurando que la manera más efectiva de lograr resultados, es a través de la especialización de un equipo de trabajo compuesto por profesionales que puedan abordar la criminalidad económica en sus diferentes áreas de injerencia.

El cierre de la jornada, estuvo a cargo del Secretario de Política Criminal de la Procuración General Dr. Francisco Pont Verges, que destacó la relevancia de lo expuesto, concluyendo que estas actividades permiten a los funcionarios del Ministerio Público acceder a contenidos específicos sobre temáticas novedosas que van incorporándose a la aplicación del Derecho Penal, y que contribuyen a mejorar la efectividad de las investigaciones y eficiencia del sistema de justicia.

El miércoles 27 de abril se realizó una actividad de capacitación virtual centrada en los pilares de la acusación de personas jurídicas en el marco de la Ley Nº 27.401, organizada conjuntamente por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y el Centro Virtual de Investigación Aplicada en Derecho Penal (CRIMINT). 

La apertura del encuentro estuvo a cargo del  Procurador General,  Dr. Julio Conte-Grand,  quien a manera de introducción a la temática  propuesta,  se refirió  a  los  orígenes de la conformación de los entes  de existencia ideal y a las  razones que han llevado a los sistemas jurídicos a reconocer la existencia de los mismos  como sujetos del derecho privado: "el ser humano es un ser social que tiende a reunirse con otros seres de su misma especie, con objetivos de diferente naturaleza, transformando esa reunión en un vínculo asociativo. Este ente nuevo, producto del vínculo, puede ser pasible de imputación de responsabilidades por sus actos, reconociendo una personalidad funcional con personería jurídica; germen de la imputabilidad de la consecuencia de sus actos.” 

La Ley 27.401, también llamada Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, da el sustento a los pilares de la acusación de las personas jurídicas. Esta Ley Nacional fue sancionada en el año 2017, con el objeto de establecer un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas  vinculadas a la comisión de ciertos delitos económicos contra la administración pública, o que resulten  involucradas en hechos de corrupción.

A continuación expuso el Director de CRIMINT y Doctor en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra (España), Juan Pablo Montiel. Comenzó realizando un análisis profundo de la Ley N.º 27.401 y los aspectos salientes de la misma. El Dr. Montiel resaltó la importancia de la tarea que realizan los fiscales dentro del sistema acusatorio al momento de aplicarla y destacó que el éxito en los resultados de la investigación depende fundamentalmente de su acabado conocimiento.

Cabe mencionar que el CRIMINT es un centro de investigación dedicado a la producción de conocimiento en el área del Derecho Penal y a la capacitación de especialistas en esta disciplina. Entre sus especialidades se encuentran la Investigación Jurídica, el Derecho penal, la Internacionalización y Consultoría académica, entre otros.

La actividad siguió con la intervención del Dr. Juan Manuel García Blanco, Coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos dependiente del Departamento de Policía Judicial de la Procuración General de la SCBA, quien abordó "La incidencia de la Ley Nº 27.401 en el MPBA". Se refirió a la intervención de los operadores judiciales, asegurando que la manera más efectiva de lograr resultados, es a través de la especialización de un equipo de trabajo compuesto por profesionales que puedan abordar la criminalidad económica en sus diferentes áreas de injerencia.

El cierre de la jornada, estuvo a cargo del Secretario de Política Criminal de la Procuración General Dr. Francisco Pont Verges, que destacó la relevancia de lo expuesto, concluyendo que estas actividades permiten a los funcionarios del Ministerio Público acceder a contenidos específicos sobre temáticas novedosas que van incorporándose a la aplicación del Derecho Penal, y que contribuyen a mejorar la efectividad de las investigaciones y eficiencia del sistema de justicia.